Jueves, 16 de Mayo 2024
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España UPEyDE Titulo: Los 100 expertos apuestan por el contrato único para paliar el paro. Texto: El Contrato único indefinido es la propuesta que Unión Progreso y Democracia lleva en su programa electoral de 2011 y la que defendió durante los debates de las dos últimas reformas laborales: la socialista de 2010 y la del PP en 2012. Desde luego, no es una idea original de UPyD, sino que responde a un amplio consenso entre los economistas del que los partidos no han querido ser partícipes. Los profesores J. Ignacio Conde-Ruiz, Samuel Bentolila, J. Ignacio García Pérez y Marcel Jensen han presentado en la sede FEDEA, un documento por el empleo que piden simplificar las modalidades de contratación, implantando entre ellas el llamado contrato único, con el que destacan que desde el inicio se daría protección a todos los trabajadores, especialmente a los temporales. Este es el nuevo manifiesto por el empleo que han presentado los llamados 100 economistas: Los llamados 100 economistas han elaborado un nuevo manifiesto por el empleo en el que piden simplificar las modalidades de contratación, implantando entre ellas el llamado contrato único, con el que destacan que desde el inicio se daría protección a todos los trabajadores, especialmente a los temporales, «que no tienen derechos». El documento fue presentado en la sede de Fedea por los profesores J. Ignacio Conde-Ruiz, Samuel Bentolila, J. Ignacio García Pérez y Marcel Jensen, que hicieron hincapié en que, con este convenio la situación entre temporales e indefinidos sería «más justa». Los 100 expertos consideran que tres modalidades contractuales bastarían para acomodar todas las necesidades de acuerdo de las empresas españolas: un contrato a formación «bien diseñado», uno de interinidad para cubrir las urgencias esporádicas de sustitución de empleados en las compañías y uno indefinido (el llamado contrato único). Esta última modalidad, que en opinión de los analistas «puede y debe constituir la norma del compromiso laboral», podría ser a tiempo completo o parcial, con indemnizaciones que crezcan de forma gradual hasta alcanzar un máximo «razonable» y con dos escalas de indemnización para recoger las causas de despido procedente e improcedente. «Proponemos una rampa en vez de un muro», señaló el académico García Pérez, que indicó que las subvenciones de este contrato podrían ir de 10 a 20 días en el caso de los procedentes y ser más elevadas en el de los improcedentes, con una diferencia entre ambos de apenas «cuatro o cinco días por año» para que no haya un incentivo «artificial» al despido. En su defensa del pacto único, García Pérez argumentó que solo siete de cada 100 despidos efectuados el año pasado contemplaban indemnizaciones de entre 20 y 33 días por año. «Nosotros daríamos más protección desde el inicio a todo el mundo», subrayó García Pérez. Por último, apuntaron que las necesidades estacionales de las empresas podrían canalizarse a través de las empresas de trabajo temporal (ETT). El grupo de analistas cree que, tras la reforma laboral de 2012, la dualidad se ha exacerbado y advierten de que, en ausencia de cambios sustanciales, la temporalidad seguirá siendo la vía casi exclusiva de acceso al trabajo y la tasa volverá a superar el 30% (desde el 22% actual) cuando se recupere la actividad. Desde el anterior manifiesto, lanzado en abril de 2009, los 100 economistas recuerdan que se han aprobado tres reformas diseñadas por dos Gobiernos de diferente ideología, lo que no ha evitado que aún persistan «serias dudas» sobre el grado de avance logrado en la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo. «Ahora lo prioritario es reintegrar al empleo al máximo número de parados posible mediante mejoras en la gestión de las prestaciones», reza el manifiesto, en el que los expertos abogan por revisar el sistema de ayudas por desempleo cuando España salga de la crisis. Así, proponen reducir la duración de las subvenciones a cambio de elevar su cuantía inicial, medida que generaría un ahorro «considerable» cuando la economía se recupere y que, en su opinión, debería destinarse a programas de empleo para colectivos en riesgo de exclusión social.